En Venezuela, el acceso a la justicia ordinaria se ha convertido en un acto de heroísmo: recibir un beneficio procesal, recuperar una propiedad, firmar un contrato colectivo o inscribirse en el Registro Electoral para votar en el exterior son garantías claramente establecidas en la Constitución y en la ley a las que cada vez parece más difícil tener acceso.
De las 2.523 manifestaciones que contabilizó el Observatorio de Conflictividad Social del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales entre enero y julio de este año, 87 fueron huelgas de hambre. En 10 de ellas sus protagonistas se cosieron la boca o se sacaron la sangre ante la indiferencia de las autoridades.
En otras palabras, 3,4% de las protestas del primer semestre pueden clasificarse como extremas, porque en ellas los manifestantes pusieron en riesgo su vida para reclamar el respeto de un derecho o el cumplimiento de una promesa por parte del Estado.
La desatención de los derechos sociales trabajo, vivienda, salud, educación y calidad ambiental, entre otros fue el detonante de la mayoría de las manifestaciones: 1.045 fueron convocadas para exigir contratación colectiva, reenganche, homologación de sueldos, bono alimentación, seguridad social, pensiones y otros derechos laborales.
En otros casos, los venezolanos se han visto obligados a demandar al Estado ante organismos internacionales al hallarse desamparados por los tribunales en el país.
La dama bizca.
"La justicia en Venezuela ha perdido espacios de manera progresiva.
Esos espacios los han llenado la impunidad y el desamparo, que al final del día son los elementos que nos igualan a todos sin importar origen social, creencia religiosa o convicciones políticas. Esas situaciones llevan a algunos ciudadanos a tomar medidas extremas", señaló Liliana Ortega, abogada especialista en derecho penal y directora ejecutiva del Comité de Familiares de las Víctimas del Caracazo.Indicó que la única herramienta válida en democracia para evitar llegar al límite es el diálogo franco, flexible y plural, pero en su opinión esa herramienta ha perdido vigencia.
"Quien debe liderar el diálogo es el Gobierno, pero lamentablemente ese mecanismo está siendo proscrito y por ello estamos frente a un aumento progresivo del conflicto social".
Laura Louza, abogada, especialista en derecho administrativo y autora del libro La Revolución Judicial en Venezuela, explica que en su intento por contraponer el Estado socialista al Estado liberal, la administración de Chávez asocia los derechos individuales libertad de expresión, propiedad privada, voto, justicia, etc al Estado liberal regido por la economía de mercado y concluye que estos no pueden estar por encima de los derechos sociales.
"El problema es que el Estado social no es distinto al liberal, sino que es una suma donde además de los derechos individuales, las personas tienen derechos colectivos. Si no puedes gozar de los primeros, tampoco podrás alcanzar los segundos", aseguró Louza.
Ortega agregó la politización de la justicia como otro elemento que aumenta el desamparo ciudadano. "En un Estado democrático es muy importante que los jueces tengan garantía de que sus decisiones van a ser respetadas. De allí el impacto del mensaje enviado a través del caso Afiuni", dijo.
El resultado es una fórmula devastadora para el sistema de justicia social, según Louza. "En la medida en que el poder judicial es más afecto al Gobierno, los jueces son menos independientes. En consecuencia, la sociedad tiene menos y menos derechos hasta que desaparecen por completo".
Fuente: El Nacional
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