jueves, 7 de julio de 2011

Encarcelan a vecinos por reclamar agua y asfaltado

23 hombres y 16 mujeres del sector Los Clavelinos (vía a El Pao, San Félix) amanecieron este jueves recluidos en dos comisarías policiales a la espera de su presentación en los tribunales. El procedimiento muestra al desnudo la sistemática política de criminalización de la manifestación ciudadana en el país.
* “Nosotros vamos a seguir protestando por nuestros beneficios, están violando nuestros derechos humanos, así no se gobierna, nosotros somos el pueblo deben respetarnos”. Williams Chacón, residente del sector afectado. 
Protestar. Sí, ese fue el supuesto delito por el cual efectivos del Centro de Coordinación Policial Francisca Duarte detuvieron a 23 hombres y 16 mujeres del sector Los Clavellinos, ubicado en la vía El Pao.

Nuevamente el artículo 357 del Código Orgánico Procesal Penal, incorporado en la última reforma para penalizar la tranca de vías, es usado por las autoridades policiales del estado Bolívar para castigar la protesta ciudadana. En esta oportunidad a un grupo de vecinos que, desde hace nueve días, exige en la calle a los gobiernos municipal y regional una solución al desabastecimiento de agua que afecta a 57 comunidades rurales, localizadas en la vía San Félix-El Pao. No hubo tiempo para ofrecer respuestas concretas a las demandas populares visibilizadas por las familias detenidas, pero sí mucha diligencia para cumplir con una norma diseñada para coartar el derecho a la protesta, cuyo ejercicio se convierte a la luz de los hechos en un delito.


Hace nueve días empezó el reclamo de esta comunidad, cuando los habitantes cansados de vivir sin agua y lidiar con calles de tierra, decidieron protestar, cerrando la calle que une esta zona rural con San Félix para presionar a las autoridades y obtener, al menos, una respuesta del gobierno municipal, pero ésta nunca llegó.

La tarde de este miércoles varias patrullas policiales llegaron a donde estaban los voceros comunales, una mujer, Alisori Leonett y Abelardo Ríos, fueron detenidos.

Por pocos minutos el paso de la vía El Pao fue abierto, pero sólo por minutos, porque vecinos molestos por la detención de estas dos personas, decidieron reanudar la manifestación.

“Estábamos manifestando pacíficamente, cuando llegaron más de 15 patrullas, con unas ballenas nos mojaron a todos, eso fue un desastre, nos agredieron, nos golpearon, que injusticia”, expresó Marlene Machado, una de las afectadas.

Los uniformados obligaron a las familias a disolver la tranca, utilizando bombas lacrimógenas y “hasta disparos”, antes de llevarse detenido a otro grupo.

“A ellos (policías), no les importó que habían niños en el lugar, echaron hasta unos tiros al aire, y todos corrimos de un lado a otro, a las mujeres las metieron a empujones en las camionetas, las golpearon”, denunció Ángel Tamaroni.

Los pobladores calificaron de “abuso de poder” el comportamiento de funcionarios.

“Qué impotencia tan grande siento, esto es una injusticia, cómo es posible que se lleven a la gente así, y además los traten como unos animales, esas son personas que tienen familias, hombres y mujeres sanos, y los tratan como unos delincuentes”, expresaba Yulitza Parra, mientras caminaba de un lado a otro afuera de la sede policial, pidiendo que sacaran a su hijo de la celda.

Familiares y vecinos permanecía anoche frente al comando policial exigiendo la liberación de los manifestantes.

Versión policial
El segundo comandante del CCP Francisca Duarte, inspector Yolman Perales, justificó la aprensión en la supuesta violación del artículo 357 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece “quien ponga obstáculos en una vía de circulación de cualquier medio de transporte, abra o cierre las comunicaciones de esas vías, (…) será castigado con prisión de cuatro a ocho años”.

Perales indicó que, en dos oportunidades el grupo de personas no permitió el paso de una ambulancia que venía del ambulatorio Pozo Verde.

“Hoy (miércoles) no dejaron pasar una ambulancia, al paciente lo iban a llevar hasta el hospital de Guaiparo porque necesitaba oxigeno, el señor se murió en la ambulancia según me informó 1-7-1, por eso decidimos disolver la protesta”, alegó el inspector.

Aseguró que “toleraron” la protesta la semana pasada, pero ante el imprevisto de la ambulancia “ya no podían tener la calle cerrada, porque están cometiendo un delito”.

Vecinos refutaron las declaraciones del funcionario, y aseguraron que el paso de las ambulancias fue permitido todo el tiempo que duró la protesta.

Perales informó que estas personas fueron puestas a la orden de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público y serán presentadas ante un tribunal de control en las próximas 48 horas.

Los hombres se encuentran recluidos en los calabozos del CCP Guaiparo, mientras que las mujeres están en los calabozos de CCP Ramón Eduardo Vizcaíno.
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