“Esto parece la guerra de Vietnam”. Con estas palabras el comandante de la Guardia Nacional, general Luis Motta Domínguez, ilustró la situación que se vive en las cárceles de El Rodeo I y II, donde cuatro mil militares tratan de sofocar un motín, desde la madrugada del viernes 17 de junio.
Este hecho volvió a colocar sobre el tapete la grave crisis carcelaria que vive el país, la cual sólo el año pasado cobró la vida de 497 presos. En el primer trimestre de 2011 han muerto 124 reclusos.
La impresionante operación, en la que participan 400 paracaidistas del Ejército y para la que se movilizaron media docena de carros blindados, fue lanzada luego de que el pasado domingo 12 se desatara una batalla campal entre las bandas de reos que conviven en los recintos, ubicados a unos 30 kilómetros al este de Caracas. La confrontación inicial dejó un saldo de 23 muertos y decenas de heridos.
Sin embargo, los uniformados solamente han podido ingresar a uno de los internados, en una operación que ha dejado una veintena de fallecidos más, entre ellos tres soldados. Además, se teme que la revuelta se extienda, pues en al menos tres cárceles más (Uribana, La Planta y Puente Ayala) los internos ya han realizado protestas, hasta ahora pacíficas, para solidarizarse con sus compañeros.
“No podemos permitir la anarquía en los penales”, afirmó el viceministro de Seguridad Ciudadana, general Néstor Reverol Torres, para justificar el procedimiento. El vicepresidente Elías Jaua y el ministro del Interior, Tareck El Aissami, dejaron en claro que el objetivo último es liberar a los reclusos de la “tiranía” de los “pranes” (líderes de las cárceles) y neutralizar a estos últimos.
Los “pranes” (Presos Reincidentes Asesinos Natos) gobiernan las 33 penitenciarias que hay en el país. Ellos, según denuncian familiares de los internos y activistas de Derechos Humanos, tienen, con la complicidad de efectivos de la Guardia Nacional, un millonario negocio en el que cobran a los demás reos por el derecho a vivir dentro del penal, a recibir comida de sus parientes, a tener un teléfono celular o un arma.
En El Rodeo estos peligrosos delincuentes, cuya cifra no supera los cien, han demostrado todo su poder, pues no sólo han atacado a los militares con armas incluso de guerra (Barret .50, AK47 o R15), sino que además han impedido que los presos que no desean seguir participando en el motín se rindan y entreguen a las autoridades. Fuentes de la Defensoría del Pueblo manejan la información de que al menos doce reos que se habían rendido habrían sido asesinados como escarmiento para los demás.
Las causas de la crisis
Para el director de la organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, la situación de violencia endémica que se vive en las cárceles del país es producto de la desidia y abandono al que las ha sometido el Gobierno, lo cual “ha hecho que los presos se organicen y se hayan dado sus propios autogobiernos para sobrevivir”.
“El Rodeo I, por ejemplo fue construido para 700 presos pero tiene más de 3.600; y el Rodeo II fue edificado para albergar a 500 pero tiene 1.600. ¿Quién puede comportarse bien si tiene que dormir en unas sabanas amarradas a los barrotes sobre otras personas? ¿Quién puede pensar bien estando en un sitio donde las aguas negras se mezclan con las blancas? El per cápita para alimentación de los presos en Venezuela es de 9 bolívares diarios (menos de 2 dólares) ¿Quién puede pensar bien cuando no tiene en la barriga más que una arepa?”, aseveró Prado.
El analista puso en duda la efectividad de la operación militar y para sustentar su escepticismo se remitió a la historia. “Si las tomas tuvieran efectividad los antecedentes hablarían, pero las tomas de Yare (2009), Tocorón (2010); y de Vista Hermosa (2011), no han impedido que luego se registraran nuevos fallecimientos de internos y no se han traducido en mejores condiciones para la población reclusa”, afirmó, al tiempo que reveló en esas tres prisiones se han reportado 28 internos fallecidos en hechos de violencia luego de se desarrollaran allí acciones como la que ahora se ejecuta en El Rodeo.
Por su parte, la magistrada del Tribunal Supremo, Blanca Rosa Mármol de León, achacó el horror que se vive en las penitenciarías a la política “represiva” que la Fiscalía viene aplicando y la cual ha contado con el aval de los jueces.
“El Código Orgánico Procesal Penal (Copp), además de la prisión, establece otras sanciones según la gravedad del delito. Sin embargo, los fiscales se niegan a solicitar esas medidas sustitutivas a la privación de la libertad y en la mayoría de los casos piden encarcelar a los imputados y los jueces no se atreven a contradecir esas solicitudes”, denunció, al tiempo que se preguntó: “¿Cuál es el riesgo que representa para la sociedad un bígamo o un estafador? ¿Tienen ellos una peligrosidad tal que amerita que estén en un penal?”
Criticó que solo cuando ocurren hechos como los de los últimos días se habla de otorgar beneficios a los procesados y demandó que los mismos se apliquen a quienes cumplan los requisitos establecidos en la ley. Precisamente el ministro del Interior prometió que 200 reos serían dejados en libertad condicional en los próximos días.
Interrogada sobre los motivos que sustentan esta política, Mármol no dudó aseverar que la misma forma parte de una campaña de las autoridades para hacer creer que están tomando medidas contra la delincuencia. “Exhiben como un logro en la lucha contra el crimen el número de personas presas”, señaló.
En los dos últimos años la cifra de reclusos pasó de 33 mil reclusos hasta más de 49 mil. No obstante, el número de plazas en las prisiones no creció y de acuerdo con la Defensoría del Pueblo hay una sobrepoblación cercana al 300%.
Las propuestas
Las organizaciones no gubernamentales dicen en que la principal responsabilidad de la crisis carcelaria recae en el Gobierno, quien no ha tomado las medidas necesarias para adecentar las prisiones.
La magistrada del Tribunal Supremo, Blanca Rosa Mármol de León afirmó que la violencia dejará las prisiones una vez que el Ejecutivo construya una nuevas, clasifique a los internos de acuerdo a su peligrosidad, les garantice la comida y la atención médica necesaria y rote frecuentemente a los guardias nacionales que los custodian para evitar las mafias.
En este último punto el director del Observatorio se mostró contrario y reclamó la salida total de la Guardia Nacional de estos recintos. “La Constitución establece que deben ser civiles, penitenciaristas formados, quienes administren y custodien las cárceles y no los militares, pues ellos no están capacitados por esta tarea, además son los responsables de que los presos se hayan armado o es que van culpar a los familiares. ¿En una torta se puede ocultar un fusil? Van a decir que las ametralladoras se las ocultaron las madres o esposas de los reos en sus partes íntimas”.
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