Esta semana, como ha ocurrido en anteriores en el estado Lara, el lunes fue escogido por una comunidad para llevar a cabo su protesta consistente en el cierre de una importante vía, en esta oportunidad la que comunica a El Tocuyo con Guarico y los Humocaros, así como otras poblaciones del occidente de la entidad y parte de la vecina Portuguesa.
Muy temprano, entre cinco y cinco y media, vecinos del caserío El Molino colocaron troncos, cauchos viejos, piedras y otros objetos impidiendo el paso de vehículos en ambos sentidos, con el propósito de protestar por una supuesta irregular asignación de viviendas destinadas a familias necesitadas.
Al tenerse conocimiento del cierre, una patrulla de la Guardia Nacional se presentó en el sitio para tratar de convencerlos de reabrir el paso, gestión que resultó infructuosa pues hombres y mujeres persistieron en su manifestación reclamando la presencia del alcalde Fidel Palma o de algún funcionario que diera respuestas a sus planteamientos.
Necesitan casas
Varios de los participantes en la protesta se identificaron como damnificados desde el pasado mes de abril.
Rafael Bravo dijo vivir en el sector El Zanjón y que su casa quedó inservible a causa de las lluvias de Semana Santa y hasta ahora no le han dado solución alguna.
Lo mismo le ocurrió a Gerardo Guédez, quien afirmó tener mucho tiempo esperando le asignen una vivienda digna para vivir con su familia.
Según afirmó Bravo, fueron otorgadas viviendas a tres consejos comunales de El Molino, pero quienes dirigen el de la parte alta seleccionaron a familias menos necesitadas, dejando a un lado a las damnificadas de El Molino centro y El Molino Santa María.
“Los de ese consejo comunal sólo beneficiaron a los de ellos, a los del cogollo, y a nosotros que necesitamos las casitas nos echaron a un lado”, dijo Guédez.
Mariflor Pérez, madre de cuatro niños, expresó que cuando llueve se moja todo pues el techo de su casita no sirve y las paredes tampoco, pero a pesar de haber hecho muchas gestiones no le han resuelto el problema.
En la misma situación se encuentran Carmen y Ana Colmenares, quienes viven en un destartalado rancho a punto de desplomarse.
“Desde el 2005 estoy metiendo papeles en todas partes a ver si me otorgan una casita pero nada que llega, y mientras tanto sí se las dieron a quienes no la necesitaban con tanta urgencia”, manifestó Carmen mientras señalaba las paredes de su casa, a punto de caerse.
Enfatizaron que esas 31 viviendas asignadas a los consejos comunales pudieron haber sido distribuidas de manera equitativa y no a un solo grupo.
Hasta las primeras horas de la tarde, a excepción de los guardias nacionales y policías, la única autoridad que se había presentado en El Molino fue el prefecto del municipio, Franklin Navas, quien tampoco pudo convencer a los manifestantes para reabrir la carretera que hasta prolongada la tarde permanecían en el sitio, esperando al alcalde o a alguien relacionado con la materia habitacional y les diera alguna solución, o una esperanza de que serían tomados en cuenta.
Fundacomunal no responde
Uno de los líderes de los manifestantes explicó que, aparentemente, les han estado engañando con respecto a las viviendas dignas prometidas pues acudieron a Fundacomunal y se encontraron conque allí no existe ningún proyecto habitacional para El Molino.
El Molino, al oeste de El Tocuyo, es una amplia zona residencial donde el problema de la vivienda es grave pues se trata de familias de escasos recursos económicos por lo que apenas cuentan con ranchos de barro, algunos antiguos y en peligro de derrumbe, sobre todo en temporadas de invierno cuando varios de ellos, como ocurrió la pasada Semana Santa, quedan a la intemperie.
Fuente: El Impulso
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