Exigen fiscal especial para la violencia sindical

Calculan un centenar de dirigentes sindicales que han sido víctima de hechos delictivos en razón de sus actividades.

 EL UNIVERSAL

martes 14 de junio de 2011  04:01 PM

Caracas.- La Comisión de Lucha Social de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) consignó hoy en el Ministerio Público una solicitud para que se designe un fiscal especial que se encargue de investigar la violencia en el sector sindical y que ha dejado unos "cien trabajadores muertos" explicó el dirigente Pedro Arturo Moreno (BR) quien acudió con Pablo Castro (UNT) a hacer la petición.

"Nosotros estamos exigiendo que la Fiscalía General de la República nombre un fiscal general especial que pueda darle continuidad a los distintos procesos que se vienen dando y que convoque mesas de diálogo con los tribunales y la Defensoría del Pueblo para que se investigue y los culpables puedan responder por las muertes de los dirigentes gremiales y que garantice el cumplimiento del contrato colectivo. Asimismo solicitamos que se averigüe la inherencia directa de funcionarios del Gobierno Nacional en la creación de sindicatos paralelos", dijo Moreno, citó un boletín de prensa de la MUD.

Denuncian la ausencia de una acción institucional que -respetando la libertad sindical reconocida tanto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como en los convenios internacionales suscritos por Venezuela- frene dichas agresiones y saque de los altos índices de impunidad tales actos criminales. Citaron entre los casos el de José Luis Morocoima, víctima de un ataque y el reciente asesinato en los portones de la Ferrominera del Orinoco de Renny Rojas. De éste último caso dijero que el presunto asesino fue puesto en libertad el sábado y que pese a las denuncias de los testigos presenciales y los video de seguridad de la compañía que lo señalan como el responsable de la muerte, fue imputado por lesiones leves.

"Es por esto que exigimos a la fiscalía que se designe este fiscal especial y se apersone junto a representantes de la Asamblea Nacional y el Gobierno para que se ejecute una política de desarme en la zona, se aplique mano dura a los delincuentes y a los que están acosando a los trabajadores. Exigimos respeto a la libertad sindical, a la vida y castigo a los responsables. Ya basta de impunidad", dijo.

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